• 01/02/2018

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia en la que resuelve que la negativa a entregar un dispositivo RPVA (servicio digital establecido para la comunicación con los órganos jurisdiccionales), opuesta por las autoridades competentes de un Estado miembro a un abogado debidamente inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro, por el mero hecho de no estar inscrito en un colegio de abogados del primer Estado miembro en el que desea ejercer su profesión como libre prestador de servicios en aquellos casos en los que la Ley no impone la obligación de actuar de acuerdo con otro abogado, constituye una restricción de la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 4 de la Directiva 77/249, interpretado a la luz de los artículos 56 TFUE y 57 TFUE, párrafo tercero.

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